Chacón reconoce que la ley del suelo no pretendía influir en las tasaciones, sino frenar al agente especulador y asegurar el desarrollo de viviendas de protección oficial

 

«La ley no afecta en absoluto a la valoración del suelo, excepto en los casos en que haya que expropiar». Así lo ha asegurado la ministra de Vivienda, Carme Chacón, «para despejar cualquier inquietud» de los promotores sobre la Ley del Suelo en el marco de unas jornadas sobre el sector inmobiliario. La ministra ha reconocido implícitamente que el texto está condicionando las tasaciones y ha reiterado: «Haremos el trabajo de explicación de la ley junto con las empresas de valoración y tasación, que ya se han mostrado dispuestas a colaborar».

 

Chacón quiso dejar claro que la expropiación es «el último recurso de las administraciones» y que en los tres meses de aplicación de la ley «no ha habido más expropiaciones que antes». La ley «sólo actúa sobre el agente especulador, que produce un nulo beneficio a la sociedad», insistió.

 

El segundo aspecto que han tenido en cuenta los legisladores, -«quienes han invertido muchos meses de serio trabajo»- y el «importantísimo consenso parlamentario» es que la ley garantizará espacio -y negocio- para la construcción de vivienda protegida, a juicio de la ministra. Chacón prosiguió: «Incrementar las garantías legales de que estas viviendas se construyan es una buena noticia para el sector y los ciudadanos».

 

En opinión de Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, «no se previó lo que iba a pasar». Santamaría añadió que ahora es cuando se están produciendo «efectos colaterales perniciosos» en los suelos no urbanos, «todos aquellos que no tienen bordillos».

En este extremo coincidió Fernando Martín, presidente de Martinsa Fadesa y del Grupo Inmobiliarias por la Excelencia (G-14), que organizó con la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) la Jornada 'El sector inmobiliario en España.' Martín comentó a un grupo de periodistas que la ministra le había reconocido que el Gobierno no había previsto el efecto que estaba teniendo la Ley del Suelo sobre las tasaciones.

 

«En un plazo de dos años no va haber suelo finalista para edificar, por lo que esta tipología va a subir mucho. Asimismo, la Administración tiene que agilizar los plazos de tramitaciones que alcanzan la intolerable cifra de seis años, cuando en todos los países de nuestro entorno se tarda un año y medio», apuntó Martín. Al presidente de Martinsa Fadesa le parece «bien» que la Administración «limite la edificabilidad», pero cree que «debería dejar que el mercado haga las viviendas que estime pertinentes».

 

«Hay una demanda de vivienda muy pequeña que podríamos hacer». Martín considera que trae más cuenta desarrollar tres viviendas de 50 metros que una de 140. Apostilló: «Tenemos que hacer las viviendas que la gente puede comprar».

 

Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, vaticinó, como ya hizo Fernando Martín, que si no se pueden comprar terrenos finalistas, «subirá el precio del suelo y por ende, la vivienda».

 

Según el directivo, la demanda no ha desaparecido, sino que está estancada, lo que podría subir los precios. Santamaría recordó que «hace nueve años las familias sufrieron por el encarecimiento que agudizó las malas prácticas de algunas empresas» y deseó que esto no vuelva a ocurrir.

 

Un posible futuro negro fue lo que barajó Fernando Martín, quien alertó de la importancia del sector inmobiliario para el paro, por ejemplo, ya que «una vivienda no iniciada acaba con tres puestos de trabajo», dijo. «Las viviendas iniciadas en el último trimestre han descendido el 60%, lo que afectará en primer lugar a los inmigrantes, y esto generará conflicto social», añadió.

 

Además, el presidente de Martinsa Fadesa abogó por que la sociedad reciba mensajes claros sobre cuestiones como los precios -«que no van a bajar», aseguró-, al revés que los tipos hipotecarios. Sin embargo, Martín mostró su convicción de que «las administraciones están dispuestas a colaborar». Chacón recogió el guante y desglosó tres puntos que resumen las medidas del Gobierno para contribuir a un desarrollo fuerte del sector: seguir trabajando mano a mano con los profesionales, contribuir a mantener la actividad y a generar nuevos movimientos -especialmente en el campo de la vivienda protegida en régimen de compra-, y ayudar a trasladar a la opinión pública la realidad de lo que está sucediendo.

 

La ministra coincidió con los expertos en economía presentes en que los índices de crecimiento de nuestro país son esperanzadores y recordó la fuerte desaceleración que sufrió el país entre 1990 y 1992. La ministra ofreció, entre otros ejemplos, que la construcción creció cerca de un 6% en 2006, mientras que en 1991 lo hizo por debajo del 3%.

 

Del 'irreal' escenario de producción de 700.000 viviendas, los ponentes situaron la demanda para los próximos años en 450.000 o 500.000 unidades y coincidieron en que de esta manera se crecerá mejor.

 

«No hay crisis inmobiliaria», determinó Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa y presidente de AFI (Analistas Financieros Internacionales), sino «una situación crítica de los mercados de crédito globales, originada en EEUU».

 

En cuanto a las entidades financieras, Chacón les pidió que no reduzcan el crédito a las promotoras que «afrontan su actividad con un razonable riesgo». «Lo deseable es que los bancos mantengan su apoyo y las empresas puedan seguir creando empleo y generando riqueza», dijo. Rafael Santamaría agradeció una petición similar que hizo José Luis Rodríguez Zapatero la pasada semana.

 

En cambio, Ramón Ferraz, director general de Caja Madrid, reconoció que las palabras del presidente «siempre tienen influencia», pero consideró: «No hace falta que apoyemos al sector inmobiliario, tiene el suficiente peso para que no nos podamos permitir jugar con él».

 

Fuente: elmundo.es